Avite anuncia pasos previos a una demanda de cientos de millones de euros al Estado

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Madrid
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11 ene 2019 - 15:13 h
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La reunión mantenida esta semana con la secretaria de Hacienda, Inés María Bardón, para clarificar si las ayudas a los afectados españoles estarán exentas de retenciones en el I.R.P.F. ha sido la gota que ha colmado el vaso. Tras su última asamblea, los afectados por talidomida españoles, integrados en Avite, acordaron rechazar en pleno cualquier ayuda que no contemplara esta exigencia, en línea con las indemnizaciones a sus colegas europeos o a las ayudas que reciben en nuestro país los afectados por VHC o VIH, y así ha sido. La negativa de Hacienda a comprometerse en este punto ha sido el desencadenante final que llevará a la asociación de afectados a demandar al Estado español.

Ignacio Martínez, abogado de Avite y portavoz de la asociación, explica los detalles de este anuncio. Asegura que se ha llegado a una “situación límite”, de ahí que haya anunciado la interposición en los próximos días de una reclamación patrimonial previa a la interposición al Estado de una demanda que se concretará próximamente, pero que calcula que será de cientos de millones de euros.

Ayudas exentas en 2010

Ya en su día el RD 1006/2010 aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya contempló que estas ayudas estuvieran exentas de tributación a Hacienda, en línea con la reclamación de los afectados.

La “falta de compromiso real del Gobierno con los afectados”, según su visión, ha acabado con la paciencia de las víctimas españolas, que aseguran que acumulan una larga lista de frustraciones en la búsqueda de soluciones.

En este sentido, Martínez recuerda que desde el verano pasado la ley de presupuestos establece ayudas a los talidomídicos españoles previo reconocimiento del daño por parte del Instituto de Salud Carlos III, adscrito al Ministerio de Sanidad. “A pesar de las más de 500 solicitudes presentadas, a día de hoy no hay un solo reconocido oficial en España”, critica el abogado.

En cualquier caso, parece claro que corresponde al Estado dar una respuesta definitiva a los afectados.

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