“Las medidas de Llombart son las más adecuadas”

Manuel Cervera

Portavoz de Sanidad del PP en el Congreso de los Diputados

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10 abr 2013 - 08:00 h
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El Sistema Nacional de Salud (SNS) ha vivido pocos momentos de tanta conflictividad con el actual. Manuel Cervera, portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, cree que el Pacto por la Sanidad es posible y más necesario que nunca, precisamente, tras los “ataques” que sufre el Real Decreto-ley 16/2012. EG ha hablado con él.

Pregunta. Son muchos los asuntos pendientes de resolución de algún tribunal. ¿Es necesario un nuevo debate competencial en Sanidad?

Respuesta. Lo realmente necesario es el Pacto de Estado por la Sanidad comprometido por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y ministra de Sanidad, Ana Mato. Un gran acuerdo en el que todo el sector se comprometa a cooperar para consolidar y desarrollar el SNS, para garantizar su solvencia y asegurar su sostenibilidad asistencial.

P. A la luz de lo que Facme planteó a los diputados, ¿tiene sentido mantener la subcomisión?

R. A pesar del discurso demagógico de la oposición, la subcomisión tiene todo el sentido del mundo. Lo que no tiene razón alguna es que PSOE e IU no quieran tomar partido al tiempo que solicitan diálogo al ministerio.

P. El Gobierno defiende la reforma farmacéutica en base a una norma básica un tanto ambigua. ¿Habría que reformarla?

R. El único fin que persigue la reforma farmacéutica es la optimización de los recursos disponibles. Usted me pregunta si es necesario reformar la normativa. Yo le digo a día de hoy que el Gobierno ha sido ágil en el análisis y la evaluación de la situación heredada y que las reformas aplicadas están dando resultados positivos para asegurar la viabilidad del SNS.

P. ¿Es el Tribunal Constitucional el órgano adecuado para dar soluciones a los problemas sociales derivados de leyes sanitarias?

R. El Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución. Cada administración tiene sus competencias y debe ejercerlas para garantizar el buen funcionamiento de los servicios sanitarios. Es precisamente lo que está haciendo el ministerio.

P. ¿Por qué no se aprovechó la reforma de la Ley de Garantías en 2012 para aclarar estos puntos?

R. Todo en la vida es mejorable, y la relación entre la Administración central y las comunidades no es la excepción. Diferencias en materia de farmacia como las acontecidas con Cataluña, Andalucía y Madrid son muestras de que hay margen para incrementar el entendimiento. El ministerio trabaja en esa vía.

P. ¿Qué papel le queda a las Cortes ante el uso del RDL?

R. Todo lo que no se hizo con planificación en ocho años tuvo que ser hecho en unos meses para no ver cómo el SNS que tanto esfuerzo ha costado conseguir se desvanecía por la deficiente gestión aplicada por el PSOE. Si la situación no hubiese sido tan grave, casi con total seguridad el Gobierno hubiera utilizado otros procedimientos en los que el Congreso y el Senado hubieran tenido un protagonismo mayor.

P. ¿Se ha utilizado siempre correctamente el RDL?

R. El Gobierno no toma decisiones por casualidad. Todo está calculado al milímetro y es fruto de la planificación y el análisis pormenorizado. En el caso del SNS, la situación era urgente y requería una actuación rápida. En consecuencia, la vía del real decreto-ley era la más adecuada.

P. ¿Qué opina del decreto-ley valenciano en Farmacia?

R. La Comunidad Valenciana ha manifestado tener un déficit de financiación desde hace años, que ahora se está compensando con nuevas herramientas de gestión. Manuel Llombart es una persona absolutamente preparada para impulsar la sanidad valenciana y estoy convencido de que las medidas que ha aplicado son las más adecuadas para sobreponerse a las dificultades actuales.

P. ¿Hay que adelantar la reforma del sistema de financiación?

R. El Gobierno está trabajando para que el modelo de financiación responda lo mejor posible a la realidad estructural y social del país, y para que responda con solvencia no solo a las necesidades actuales, sino a las que surjan en los próximos años.

P. ¿Hasta dónde hay que bajar el peso del gasto farmacéutico?

R. Debe ser el requerido por el uso racional de los profesionales y los ciudadanos. Ni más ni menos. Las medidas de optimización en farmacia están dando buenos resultados porque había margen de ahorro. Mientras la realidad sea esa debemos seguir trabajando en la línea del ministerio.

P. ¿Cómo valora que el Defensor del Pueblo ‘culpe’ al RDL 16/2012 de que se hayan triplicado las quejas sanitarias en un año?

R. Es lógico que el esfuerzo que se ha pedido a los ciudadanos no siempre haya sido bien acogido, pues en el contexto actual tiene una mayor complejidad pedirlo, pero debe entenderse que es necesario para la sostenibilidad económica del SNS y que, como en las economías domésticas, cuando no hay para todo, se opte por mantener lo fundamental, lo esencial, y dejar a un lado lo secundario.

P. ¿Hay que evaluar el impacto en la salud del RDL 16/2012?

R. Lo que veo necesario es que el ministerio siga trabajando en una línea similar a la actual, escuchando al sector, dando respuesta a las necesidades urgentes mientras planifica el futuro del SNS, contando con los profesionales como la piedra angular del modelo y teniendo presente al paciente como eje de toda iniciativa.

La firma del Pacto por la Sanidad se enfrenta a un problema de difícil solución: PSOE e IU ven en el Real Decreto-ley 16/2012 un escollo insalvable, a menos que el Gobierno dé marcha atrás en varias medidas. El PP, en cambio, cree que es la situación generada a partir de su aprobación la que hace necesario el acuerdo.

La óptica del portavoz de Sanidad del PP en el Congreso de los Diputados, Manuel Cervera, en torno a la reforma de la ministra del ramo, Ana Mato, dista mucho de la del resto de portavoces de la oposición. En su opinión, entre 2004 y 2011 el gobierno socialista “no pudo o no fue capaz” de aplicar una política farmacéutica “clara y concreta” que diera respuestas a las necesidades de pacientes, profesionales e industria. Ello “ha forzado”, según Cervera, la toma de una serie de medidas en las que las administraciones, tanto el Ministerio de Sanidad como las comunidades autónomas, “se han visto obligadas a priorizar”.

Pese a que, en su opinión, con la reforma farmacéutica de Mato la aportación de los usuarios “es más justa atendiendo a su situación socioeconómica”, el portavoz sanitario popular reconoce que los cambios no han sido bien acogidos, “e incluso han servido a algunos partidos políticos para atacar desde la demagogia y la irresponsabilidad social al Gobierno central y a las autonomías gobernadas por el PP”. Es precisamente esta situación la que hace imprescindible, dice, un pacto de Estado “que saque a la Sanidad de los intereses partidistas”.

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