FEDE exige a las autoridades que pongan fin a la discriminación laboral de este colectivo

Herramientas
|
27 jul 2015 - 08:00 h
|

Con el objetivo de terminar con la discriminación laboral a la que están expuestos los enfermos de diabetes, la Federación de Diabéticos Españoles (FEDE) se reunió la semana pasada con el grupo parlamentario socialista y el grupo parlamentario popular, a los cuales les presentó la propuesta de una proposición no de ley a la cual se puedan sumar el resto de los grupos políticos.

“Reivindicamos que haya un análisis, una individualización caso por caso”, afirma Mercedes Maderuelo, gerente de FEDE, a GM, al tiempo que añade que por el mero hecho de ser diabéticos hay una serie de limitaciones en cuanto al acceso a determinados puestos de trabajo de la administración publica de manera genérica simplemente por poder sufrir descompensaciones.

“Eso es una total y absoluta discriminación, sobre todo teniendo en cuenta que gracias a la gran cantidad de avances, una persona con diabetes puede tener controlada su patología total y absolutamente”, apuntó.

Por ello, el 24 de julio, el PSOE, a instancias de la federación, depositaron en el Registro de la Cámara Baja la proposición no de ley que se debatirá en la Comisión de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

“Lo que queremos es que se inste al Gobierno a que se desarrolle una normativa que permita eliminar la discriminación que sufre todo este colectivo —más de cinco millones de personas— para participar en cualquier prueba de acceso al empleo del sector público, ya sea del ámbito nacional, autonómico o local”, subrayó Maderuelo. No obstante, no solo queda un largo camino por delante, sino que, como dice la gerente, aunque “nos parece un gran paso”, ahora de lo que se trata es de “defenderla y lucharla”. “Lo importante es que llegue a ser de obligado cumplimiento”, agrega.

Aparte, comenta que otro de los retos pendientes, es que exista una normativa (de obligado cumplimiento) para que todas las CC.AA. cuenten con un protocolo que recoja la normalización del niño en las escuelas. “El problema es que en muchas ocasiones no es de obligado cumplimiento, por lo que muchas comunidades lo que hacen es ampararse en ‘yo lo cumplo, siempre y cuando tenga recursos económicos’”, lamenta. En ninguna autonomía, salvo en la Comunidad Valenciana la normativa es de obligado cumplimiento, concluye.

Twitter